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| Carlos Bruce |
Con el Predictamen favorable de
la Comisión de Justicia del Congreso sobre el Proyecto de Ley de unión civil de
personas del mismo sexo (UCMS), basado en el informe jurídicamente impecable
del Ministerio de Justicia, además del reciente informe de la Defensoría del
Pueblo, la razón se va abriendo paso para abordar un tema que atañe a miles de
personas que buscan el reconocimiento de sus derechos sin discriminación
alguna. Así, con estos informes basados en sólidas argumentaciones jurídicas
que reconocen de manera indubitable los derechos fundamentales de la persona
humana, se da inicio al gran debate esperado que deberá estar exento de
prejuicios.
Las conclusiones del informe
del Ministerio de Justicia son contundentes. En primer lugar, se afirma que el
proyecto de ley no solo es jurídicamente viable sino que deviene en “la
concreción esencial de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad
y a la igualdad y no discriminación”. Reconoce, además, que el proyecto está
“asociado con la libertad de las parejas del mismo sexo de realizar su proyecto
de vida en común para darle sentido a su existencia y permitir su realización
como seres humanos”.
Asimismo, se afirma que “los
Estados deben asegurar que las parejas del mismo sexo reciban análogo
tratamiento y tengan derecho a las mismas prestaciones que las parejas
heterosexuales.” En esa línea, concluye que “las uniones afectivas de pareja
entre personas del mismo sexo (…) sí constituyen una opción de familia válida
bajo los preceptos constitucionales vigentes”, por lo que “corresponde al
Estado brindarles protección.”
Se afirma además que la
institucionalización de la UCMS “constituye un factor fundamental para la
inclusión social del colectivo LGTBI optimizando su derecho fundamental a
la integridad personal, a la protección de su salud, y en definitiva, su
condición de seres humanos libres e iguales en dignidad y derechos”.
El informe concluye
reconociendo que el Proyecto de Ley “representa una oportunidad extraordinaria
para que el Congreso (…) demuestre la forma en que asume a cabalidad el
principio de laicidad del Estado (…) y su alto nivel de compromiso con la
igualdad, la libertad y la dignidad de todos los ciudadanos”. Con tales
conclusiones, además del reciente informe de la Defensoría del Pueblo que
concuerda con ellas, la causa por el derecho a la igualdad de las minorías ha
dado un paso trascendente.
